Rebelión contra el aborto en España

Adrián Sack Para LA NACION
MADRID 6 julio 2010.

El estreno de la llamada ley de "aborto libre" no hizo más que profundizar la polémica que esta iniciativa del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado.

Las autoridades confiaban en que la norma sería aplicada desde la primera hora de ayer "sin mayores obstáculos" en todo el país, pero tuvieron una sorpresa: los gobiernos regionales de Navarra y Murcia decidieron desacatarla y se unieron a las asociaciones pro vida, a médicos y al Partido Popular (PP), que presentaron recursos judiciales para frenar su entrada en vigor.

La rebelión contra la Ley de Salud Sexual e Interrupción del Embarazo, que está basada en un sistema de plazos que permitirá el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, fue encabezada por el presidente de la comunidad murciana, Ramón Luis Valcárcel, un férreo opositor al aborto libre desde que el proyecto comenzó a ser tratado en el Congreso español, el año pasado.

"Por el momento, no hay razones para acatar esta normativa. Aún no se ha resuelto todo, y no hay sentencia firme", señaló, en referencia al amparo interpuesto el miércoles pasado por su partido, el PP, y el gobierno de Navarra ante el Tribunal Constitucional de España.

Al no haber sido aún objetado por el gobierno nacional, el recurso judicial habilitó a los denunciantes a cuestionar la aplicación de la ley en las jurisdicciones a las que pertenecen, más allá de que la nueva legislación ya esté vigente en el resto del país.

Pero éste no es el caso de la región navarra. Allí, la consejera de Salud, María Kutz, confirmó que los hospitales de esa comunidad derivarán a las mujeres que manifiesten su deseo de abortar a centros sanitarios de otras regiones.

La funcionaria explicó que esta decisión se origina en la "inseguridad jurídica" a la que daría lugar la nueva ley respecto del derecho de objeción de conciencia de los médicos a practicar la interrupción de embarazos.

Este último punto fue uno de los más polémicos de la ley desde que el proyecto comenzó a debatirse el año pasado. Su texto original obligaba a todos los directores de los centros sanitarios españoles a disponer de por lo menos una sala de operaciones quirúrgicas debidamente equipada para practicar abortos.

En este sentido, Valcárcel se mostró optimista sobre la posibilidad de mantener en firme la no aplicación de la nueva ley de aborto, por lo menos en Murcia.
"Seguiremos buscando las vías jurídicas. En eso estamos, y cuando se haya resuelto todo ya veremos qué es lo que se hace", dijo.

Las desafiantes declaraciones del titular de la comuna del sudeste de España generaron el inmediato rechazo del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que consideró una "llamada a la insumisión y al incumplimiento de la ley" las palabras de Valcárcel.

"El acata y hace cumplir sólo algunas leyes, las que interesa y su gobierno elabora. Pero tendría que estar preocupado porque preside una región que se sitúa a la cabeza de España en número de interrupciones voluntarias del embarazo", afirmó el secretario general del PSOE en Murcia, Pedro Saura.

En tanto, la ministra de Igualdad y "arquitecta intelectual" de la nueva ley, Bibiana Aído, afirmó que el gobierno español está "plenamente convencido" de la constitucionalidad del aborto libre.

"Es una ley totalmente garantista, que respeta plenamente los límites que se impusieron en su momento por el Tribunal Constitucional", dijo, y dejó entrever así que las autoridades nacionales confían en que habrá una resolución favorable de la justicia.

En respuesta a las críticas realizadas por las autoridades de Navarra y Murcia, la funcionaria subrayó que uno de los propósitos de la ley es "reducir el número de embarazos no deseados", así como también la cantidad de abortos, "que no ha parado de crecer en las últimas décadas en España".
Aído no precisó cifras sobre esta tendencia, que también son discutidas por los sectores más conservadores.

Por su parte, el propio Rodríguez Zapatero salió en defensa de la flamante legislación abortiva, que profundiza los alcances de la mucho más restrictiva ley de casos, sancionada en 1985, durante el gobierno del también socialista Felipe González.

A la medida del continente
"La nueva ley es una ley de prevención, que además establece normas de seguridad para los profesionales y las mujeres, y es también europea, porque está hecha en la medida de lo que son las leyes del continente que regulan la interrupción voluntaria del embarazo", manifestó el presidente español.
Como contrapartida, el obispo Bernardo Alvarez se pronunció en nombre de la Iglesia Católica de España, al ratificar la "oposición total" de la jerarquía eclesiástica a la nueva ley.

"Todo esto supone un auténtico retroceso respecto de la legislación injusta que teníamos y que ésta empeora", señaló.
Después de calificar el aborto de "auténtico crimen", Alvarez también criticó los términos utilizados por Rodríguez Zapatero y Aído en referencia a los embriones abortados.

"Dios es el dueño de la vida; por lo tanto, nadie tiene derecho a disponer de la vida de otro, y mucho menos cuando es un hijo «no deseado», como si un deseo fuera motivo para eliminar la vida de otra persona", afirmó.

La entrada en vigor de la ley se produce en vísperas del 25° aniversario de la primera ley del aborto en España, que permitió la interrupción voluntaria de 1,3 millones de embarazos. Esa ley permitía el aborto sólo en tres casos: riesgo para la salud de la madre, violación y malformación del feto.